En las últimas 48 horas, la situación jurídica del histórico goleador de las Chivas, Omar N., se ha complicado. Un juez de distrito federal negó de forma definitiva el juicio de amparo promovido por el equipo legal del sinaloense, confirmando que no existen elementos para modificar la medida cautelar que lo mantiene en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.
Continuidad de la prisión preventiva
Con este fallo de la justicia federal, se desestimó el recurso con el que la defensa de Bravo buscaba suspender el auto de vinculación a proceso por la imputación del delito de abuso sexual infantil, dictado desde octubre de 2025. Además, las autoridades judiciales determinaron mantener la prisión preventiva justificada, la cual podría extenderse hasta por dos años más mientras el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral y eventual sentencia.
Los detalles del delito imputado
Omar, de 46 años, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado cometido en contra de quien fuera su hijastra. De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, las agresiones ocurrieron de manera continua durante aproximadamente seis años, aprovechando una relación de confianza familiar.
Entre las pruebas presentadas por la parte acusadora y validadas por el juez figuran:
Peritajes psicológicos practicados a la presunta víctima.
42 datos de prueba digitales, incluyendo mensajes de texto directos del imputado.
Audios e imágenes que documentan las amenazas y conductas delictivas.
Próximos pasos legales
A pesar de que el entorno legal del exseleccionado nacional argumentó supuestas fallas al debido proceso y descontextualización de la evidencia digital, la resolución judicial federal ratificó la consistencia del expediente penal. Reportes de medios locales como Mural y coberturas de cadenas como Univision confirman que se mantiene programada una audiencia crucial para el próximo mes de octubre. De resultar culpable del cargo agravado, el exfutbolista podría enfrentar una pena acumulada de entre 5 y 10 años de cárcel, sin omitir que el Gobierno del Estado mantiene abiertas otras carpetas de investigación independientes en su contra.
